“La motosierra es racista”
En la Argentina del ajuste, el 25 de julio no es un símbolo: es un grito. Las mujeres negras, migrantes y disidentes resisten el racismo de Estado y la motosierra del despojo. por Melina Schweizer No hace falta que sea 25 de julio para saberlo. Pero hoy, que lo es, volvemos a levantar la voz. Nosotras, las negras, las migrantes, las que nacimos en este suelo y también las que lo elegimos, sabemos que la conmemoración no es un gesto simbólico. Es una urgencia. Una trinchera. Un grito sostenido mientras (Leer más…)
Privatización de AySA ¿Repetir el error menemista?
Amparándose en la Ley de Bases, que declaró a AySA «sujeta a privatización», el Gobierno nacional ha puesto en venta el 90% de las acciones estatales de la empresa. Un 51% se transferirá a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, y el resto se venderá en bolsas y mercados locales. Este cambio normativo implica una profunda transformación en la gestión estatal, vigente desde 2006, de un servicio básico y sensible como el agua potable y el saneamiento. A simple vista, la medida parece una reedición de una (Leer más…)
La Patria no se seca
Mientras el gobierno de Milei entrega el agua al mejor postor, las corporaciones se frotan las manos y los pueblos se secan. La patria no se rinde, pero el Estado sí. Esta es la historia de cómo un derecho humano se convirtió en negociado. por Melina Schweizer El agua no se vende. Esa fue la consigna que recorrió Latinoamérica durante las luchas contra el neoliberalismo de los noventa. Pero en la Argentina de 2025, no solo se vende: se empaqueta, se exporta, se tarifica y se transforma en un botín (Leer más…)
La ONU cuestionó el protocolo antipiquetes
La ONU advirtió que la implementación del protocolo antipiquetes, junto a una serie de reformas legales regresivas menoscaba gravemente los derechos de asamblea, asociación y movilización. Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa un contexto de represión y criminalización de la protesta social, situación que generó la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un informe conjunto elaborado por nueve Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo del sistema de derechos humanos, la ONU instó al Estado argentino a revisar y adecuar el marco legal asociado al protocolo de actuación (Leer más…)