La ciudad entre brechas y derechos

por Proyectar Ciudad

Trabajo, vivienda, educación y salud
En una nueva semana de desorden de prioridades para el Gobierno de la Ciudad, nos preguntamos cuál es la política de hábitat y vivienda y cuáles son las medidas para cada una y cada uno de los inquilinos que no pueden pagar el alquiler en el distrito más rico del país, que –simultáneamente- tiene el mayor índice de inquilinización. Las organizaciones sociales denuncian que cada vez más gente queda sin techo, como consecuencia de la pandemia y la crisis económica y social que acelera y profundiza.

La buena noticia es que el gobierno nacional declaró Internet como servicio esencial, la medida acompaña la lucha de la comunidad docente y las organizaciones políticas y barriales, que vienen insistiendo en la Justicia para que el Jefe de gobierno Rodríguez Larreta garantice la conectividad de los 5100 chicas y chicos que no tienen computadora ni internet y no están pudiendo acceder al derecho a la educación. Si bien el oficialismo insistió en abrir “espacios digitales” en 634 escuelas porteñas desde el lunes, el Ministerio de Educación de la Nación rechazó la propuesta.

En un marco oficial donde se privilegian las reaperturas y se ensalzan las libertades individuales, el personal de la Salud de la Ciudad denuncia con fuerza los contagios, la saturación de los recursos humanos y el dolor por las muertes de trabajadoras y trabajadores de hospitales. Pero el Ejecutivo sigue sin reconocer derechos frente a la pandemia y continúa flexibilizando y exponiendo al personal que es cada más fundamental en el combate contra la pandemia. La desprotección corre también para trabajadoras y trabajadores del subte, al igual que para vecinos y vecinas de la villa 21-24 donde aumentan los contagios diarios.

Los alquileres, el riesgo a la situación de calle y el vivir sin techo
El acceso a la vivienda es un determinante central de la desigualdad y por ello resulta fundamental tener un planeamiento urbano y políticas públicas acordes a las necesidades de la población. La Ciudad de Buenos Aires es la más rica del país, sin embargo en la última década la población que vive en inmuebles alquilados creció un 30% y la población que vive en villas un 85%.

Un informe de Inquilinos Agrupados desprende que uno de cada cuatro inquilinos no puede pagar su alquiler y que la situación en la Ciudad es particularmente preocupante, puesto que se trata del distrito con más inquilinos e inquilinas del país. Según la Dirección de Estadísticas y Censos del gobierno porteño, el 35,2% de los habitantes de la Ciudad alquila su hogar, es decir un millón de personas son inquilinas.

A esta problemática, se suma que la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad se potenció durante los 12 años de gestión local del Pro, y se agudizó en los cuatro años del mandato de Macri al frente a la Nación, aumentando en un 98% la indigencia.

La llegada del Covid 19 empeoró aún más el escenario y, ya lo venimos señalando, los paradores no alcanzan para alojar ni a la mitad de las personas que no tienen techo. Las distintas organizaciones sociales agregan que en la Ciudad, con el coronavirus, la cantidad de personas en situación de calle crece mes a mes.

Quienes quedaron a la intemperie porque perdieron sus trabajos o sufrieron desalojos, pese a que están prohibidos por decreto, no cuentan con políticas públicas del gobierno local que puedan contenerlos. Desde el Gobierno porteño no hay una asistencia especial para las personas en situación de calle o en riesgo a perder su vivienda.

Como si no fuera suficiente, este lunes a la madrugada hallaron sin vida a un joven de 33 años que paraba en la Plaza Barrancas de Belgrano. Se trata del tercer asesinato con estas características en 18 meses.

El mundo al revés: en la Ciudad la conectividad no esencial y la educación no es un derecho
En el marco de la pandemia, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice Internet y provea la conectividad a alumnos y alumnas que no tienen herramientas para educarse en este difícil contexto. Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Miguel recusaron a la justicia y como respuesta proponen exponer a 5100 chicas y chicos a usar las escuelas como cyber.

En tanto, a nivel nacional se declararon como servicios públicos esenciales a la TV por cable, Internet y telefonía celular y fija a través del DNU 690/20, cuya fundamentación argumenta que las TIC representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.

Estos puntos de referencia y el art. 75 de la Constitución Nacional, que establece que es un deber indelegable del Estado asegurar el derecho a de la educación sin discriminación alguna, parecen resultar insuficientes para el Gobierno de la Ciudad. No es casual, antes de la pandemia la única política educativa ejecutada fue discontinuar el plan Sarmiento, como réplica a la interrupción del Conectar Igualdad en la gestión de Macri en la Nación.

Docentes y representantes gremiales iniciaron un plan de lucha contra las autoridades porteñas e insistieron con el riesgo de contagios. También denunciaron que el Jefe de Gobierno prioriza la recaudación y las cuentas públicas por sobre la salud y la educación de la población, que deberían ser derechos fundamentales.

Como siempre, la lucha y la unidad dan resultados: El Gobierno rechazó el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires y por ahora no reabrirán las escuelas. Resta que el Gobierno de la Ciudad ejecute un programa para proveer de conectividad a quienes desde el inicio de la pandemia no han podido acceder a la educación.

Trabajadores, trabajadoras y barrios populares, siempre lejos de las prioridades
Si a lo largo de la pandemia la preocupación giraba en torno a la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), se está alcanzando otro cuello de botella: el de los recursos humanos en el sistema de salud. El 20% del personal hospitalario tiene Covid-19 y eso deteriora la calidad de atención en las UTI.

Sumado a que cada vez que un trabajador sanitario se infecta de Covid hay por lo menos 3 o 4 que deben aislarse por haber sido contacto estrecho. En la Ciudad, ya fallecieron a causa de Covid-19 32 profesionales de la salud.

El último caso que trascendió es el de la enfermera Virginia Viravica del Hospital General de Agudos Durand, trabajadora de 60 años que tenía diabetes, pero necesitaba trabajar e incluso hacer horas extra (por $70 la hora), debido a que no le alcanzaba el sueldo. Desde ATE, responsabilizan al Gobierno de la Ciudad por la “improvisación, desmanejo, falta de protocolos de atención y absoluta escasez de personal en la emergencia”.

El Ejecutivo porteño sigue empecinado en no reconocer derechos fundamentales, si bien era una problemática previa a la pandemia, con la llegada del coronavirus la situación de los profesionales de la Salud no hizo más que empeorar. No se encuentran en una posición distinta los metrodelegados, quienes además de advertir por un aumento de contagios entre sus trabajadores, denuncian que las personas están viajando nuevamente abarrotadas pese a las órdenes sanitarias que ordenan el distanciamiento social.

La protección y la alianza de la empresa Metrovías y el macrismo viene de larga data, por tal motivo la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro se declaró en estado de alerta por el accionar de la empresa, que incurre en “una actitud caprichosa, que no solo no soluciona los problemas existentes, sino que expondría a nuestros compañeros a mayor riesgo de contagios de Covid-19”.

Y si de cercenamiento de derechos hablamos, es fundamental recordar que la villa 21-24 sigue sin agua, un recurso fundamental para prevenir los contagios de Covid-19. En los últimos días, en el sector Tierra Amarilla, estuvieron durante horas sin una gota de agua y ya se confirmaron 251 positivos de Covid. El error que condujo a la muerte de Ramona Medina, por negligencia y abandono del Gobierno porteño en la Villa 31, pareciera estar repitiéndose trágicamente.

Por más derechos y menos brechas
La realidad muestra que en la Ciudad más rica del país vive más un millón de personas con necesidades habitacionales entre quienes alquilan y quienes viven en la calle o en riesgo de quedar sin techo. El Gobierno porteño, que debería elaborar soluciones y propuestas multidireccionales, no incorpora en su agenda las políticas habitacionales necesarias para dar solución, por el contrario acota su concepción a la oportunidad de los negocios con las tierras y los recursos que podrían utilizarse para resolver alguna de las deficiencias en materia de vivienda en la Ciudad.

A la par, el agua es un servicio esencial que debería asegurarse a todo habitante de la Ciudad, más aun en este contexto de pandemia y emergencia sanitaria. Lo dijimos y lo reiteramos, la lucha sirve. Aunque se pretendió que 5100 alumnas tengan menos derechos, expuestos a los contagios en escuelas reconvertidas en espacios que no tienen que ver con la educación de los chicos y las chicas, la lucha de la comunidad educativa dio frutos. El Gobierno Nacional marcó un paso y un sendero más que claro al declarar a internet como servicio esencial. Esos chicos y chicas deben educarse, se les debe garantizar la conectividad y su derecho a la Educación como tienen todos los habitantes de este país. No queremos que existan estudiantes de primera y de segunda. Es una obligación de los Estados generar derechos, no amplificar las brechas.

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