Un nuevo paradigma de la “reducción a la servidumbre”

Hace un mes, el 21 de junio pasado, el Tribunal Oral Criminal N°5 condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori a 13 años de prisión por los delitos de “reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte” por el incendio ocurrido el 30 de marzo de 2006 en el taller textil ubicado en Luis Viale 1269/1271. En el incendio perdieron la vida Juana Vilca (de 25 años y embarazada), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).

En esta sentencia se “entendió que la reducción a servidumbre es un ejercicio de dominación que va más allá de los físico y creó un nuevo piso para las causas posteriores”, aseguró uno de los abogados de las víctimas tras la lectura del fallo completo que condenó a 13 años de prisión a dos talleristas.
Gabriel Chamorro, abogado de la querella sotiene que esta  sentencia entendió que limitar las condiciones de vida y materiales de una persona bastan para considerar que se cometió el delito de ‘reducción a servidumbre’ sin que existiera ni retención de documentación ni prohibición para salir; esto es muy novedoso y servirá muchísimo de ahora en más. Y sostiene: “Tener a las personas viviendo en el propio taller era una forma de que no hubiera un ‘afuera’. No hacía falta prohibir la salida porque los costureros no tenían adónde ir, ni recursos económicos porque se les retenían los salarios; las 67 personas vivían hacinadas, con un sólo baño que no tenía agua caliente, y dormían en el primer y segundo piso del inmueble, donde las ‘habitaciones’ se hacían con retazos de tela y cartón y no tenían lugar más que para las camas”.
Además, el tribunal ordenó devolver la instrucción de la causa al Juzgado 27 para que investigue “la participación de los dueños del inmueble” Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, quienes además eran propietarios de las marcas que compraban la totalidad de la producción del taller y eran los proveedores de la materia prima.
Los jueces resolvieron, también, abrir una investigación para determinar quiénes eran los efectivos de la Policía Federal y los inspectores que habían ido a Viale y que, según los testimonios, “recibían dinero y mercadería”.
Tras la lectura de la sentencia completa, que se conoció recién ayer, Chamorro ratificó que “estamos conformes, fue una causa muy difícil, que salvamos de la prescripción en dos oportunidades; lo único que apelaremos es que se considera como estrago doloso, porque aquí hubo una negligencia exacerbada y acciones deliberadas que ponían en riesgo a los trabajadores y a nadie le importó”.
En referencia al pedido de investigación de Fischberg y Geiler, Jerónimo Montero Bressan, investigador de Flacso y de Conicet sobre la temática, aseguró que “se trata de una decisión judicial muy importante porque alude a las marcas”.
Montero Bressan, quien tuvo la tarea de escribir un informe para la PROTEX sobre cómo funciona la cadena de producción de las cuales son parte los talleres textiles, describió que “las marcas son las que disciplinan esas cadenas productivas”.
“Son la cabeza de todo ese engranaje y ponen las reglas en forma unilateral. Las marcas imponen las tarifas, siempre sin tener en cuenta el tarifario oficial vigente y fijan los tiempos. Si la producción no se les entrega en el plazo que exigieron cobran multas”, indicó.
En este contexto, sostuvo Montero Bressan, “la ley establece que son dadoras de trabajo y por lo tanto igual de responsables que talleristas e intermediarios”.
Aunque con algunas excepciones, el investigador describió un modo de producción que comienza en la marca: “Ella entrega el diseño y los moldes, muchas veces hasta realiza el corte de las prendas. Luego, por lo general, se dirige a un intermediario, que puede ser una oficina que deriva a talleres el trabajo o bien puede tener algunas máquinas propias pero nunca hace el trabajo completo, y finalmente está el taller”.
Montero Bressan explicó que “las marcas no sólo producen en estos talleres, sino que muchas veces comercializan sus saldos a través de ferias como La Salada, de donde obtiene dinero inmediato en negro”.
El incendio de Luis Viale fue un hito en la visibilización de la problemática de los talleres textiles clandestinos; sin embargo, nueve años después, el incendio en el taller de la calle Paéz 2796 que se cobró la vida de dos niños de 5 y 10 años ocurrido el 27 de abril de 2015 demostró que las condiciones de explotación no habían cambiado y que muchas familias continúan viviendo en esas condiciones.

Fuente: Télam

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