De La Rúa fue repudiado por sobrevivientes y familiares de las víctimas de diciembre de 2001

El ex presidente Fernando de La Rúa declaró hoy, en carácter de testigo, ante el Tribunal Oral 6 en el juicio que se lleva adelante por la represión de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires y por la que se encuentran imputados el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex comisario General de la Policía Federal Rubén Santos, y fue repudiado por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
De La Rúa inició su exposición a las 11.30 luego de que las víctimas del accionar de las Fuerzas de Seguridad de aquellos días, que terminaron con la renuncia del ex presidente, vistiendo remeras con la inscripción «los caídos viven en nuestra lucha», apuntaron contra el ex primer mandatario gritándole «asesino».
«El 20 de diciembre fue un día crítico para las instituciones, para el país y para mi vida», dijo De La Rúa y afirmó que se enteró de las muertes en la Ciudad recién cuando el por entonces secretario de Seguridad se los confirmo telefónicamente «en horas de la tarde».
Dijo también que sus funcionarios se pusieron en contacto con la jueza federal, María Servini de Cubría durante la mañana de ese día, luego de haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Ramón Mestre; con el ministro de Justicia y hermano suyo, Jorge De La Rúa; y con el jefe de Gabinete, Christian Colombo.
En ese sentido, el ex presidente aseguró que durante el encuentro, Mestre le informó la situación de la noche anterior y subrayó que en esas jornadas sus funcionarios «siguieron las instrucciones» de la magistrada.
Luego de dos horas de declaración, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio que se retomó a las 15 cuando el ex presidente reafirmó que estaba allí «como testigo» y no iba a «recrear un juicio» que para él «ya pasó».
Durante una declaración que duró casi tres horas, De la Rúa explicó que el estado de sitio fue «una herramienta que necesitaban las provincias, sobre todo la Provincia de Buenos Aires» y señaló que el entonces gobernador Carlos Ruckauf le transmitió el mismo 20 de diciembre por la tarde que «se había normalizado la situación».
Al hacer referencia a la misma jornada de ese día, el ex mandatario explicó que si bien en las primeras horas de la tarde escuchó «en un canal de televisión» que había muertos en las calles porteñas, sus funcionarios le aseguraron que no era así y, recién después de presentar su renuncia y cuando ya había dejado la casa de Gobierno en helicóptero para trasladarse a la quinta de Olivos, se enteró por un llamado telefónico de Mathov que los muertos eran cuatro.
A su vez, el ex presidente indicó que su renuncia se debió a un marco de «soledad política» en el que entendió que era «lo más conveniente para el país».
El ex mandatario de la Alianza llegó muy temprano a los Tribunales del barrio de Retiro y fue fuertemente custodiado hasta el momento de dar su declaración y al retirarse y argumentó en reiteradas oportunidades recordar los hechos sucedidos durante esas jornadas.
Su declaración fue seguida de cerca por los familiares y amigos de Diego Lamagna, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, y Carlos Almirón, las víctimas fatales de la jornada que dejó cientos de heridos en las calles del centro porteño, que al finalizar gritaron sus nombres unidos al reclamo de justicia y volvieron a manifestar su indignación por el testimonio en carácter de testigo del ex presidente.
De la Rúa declara como testigo y no figura entre los acusados dado que el juez federal Claudio Bonadío lo desprocesó en el 2002 y la sala II de la Cámara Federal porteña corroboró ese criterio asegurando que carecía de conocimiento exacto sobre la situación creada.
En esa oportunidad, la única disidencia fue la del camarista Horacio Cattani, quien puso en duda que el entonces presidente no estuviera anoticiado de lo que estaba ocurriendo tras su decreto, pero a fines del 2012 Casación confirmó el desprocesamiento.
Luego fue apelado ante la Corte Suprema por el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que es querellante en el juicio oral de esta causa y en mayo de este año, ese tribunal ratificó el sobreseimiento.

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