El último viaje

Vecinos convocados por la Red por el Patrimonio rechazaron esta tarde el cierre del subte A por dos meses por parte del gobierno de Mauricio Macri y pidieron además que los vagones antiguos sigan circulando con los nuevos comprados a China, en un acto en la estación cabecera de Plaza de Mayo. Los vecinos, mezclados también con la mayoría de los pasajeros que se sacaban fotos dentro y frente a los vagones que el gobierno porteño sacará de circulación, se concentraron a las 18 en la plaza histórica y a las 19 bajaron y expresaron su protesta mediante un sostenido aplauso.
«Salvemos los vagones, basta de improvisación», «No a la caza de Brujas», eran algunos de los carteles que desplegaban algunos de los participantes de la protesta de rechazo a la suspensión del servicio desde mañana hasta el 8 de marzo.

Silvia Somenzi, de la Red por el Patrimonio, que reúne a 50 ONGs, explicó que «es absolutamente disparatado» cerrar el servicio del subte por casi dos meses, como anunció Macri. Señaló que la medida «no sólo perjudicará a los vecinos sino también a los comerciantes que tienen sus negocios a lo largo del trayecto del subterráneo», que une Plaza de Mayo con Carabobo, en Flores. Y pidió que «los vagones antiguos sigan circulando y no se los desguace, como ya está pasando con algunos». Al tiempo, que opinó «deben ser restaurados y no reciclados» los centenarios vagones provenientes de Brujas, Bélgica, y exigió que «se convoque a la gente para opinar» sobre el futuro de los vagones.

Por su parte, Pablo Martorelli, especialista en temas ferroviarios, dijo a esta agencia que «la necesidad de cierre del servicio es una falacia, y en ese sentido sostuvo que lo que demanda más trabajo «es el cambio de vía y se puede hacer en un fin de semana».
En la misma línea, Martorelli reclamó que los vagones sean «preservados como un patrimonio activo» y no como «un museo».

En tanto, Eduardo Maciel, un estudioso de los subtes, expresó que «los vagones son de todos, nos pertenecen, los usaron nuestros abuelos, nosotros y quiero que los usen también las generaciones que vienen».

Hernán Tacca, docente de la UBA y también experto en el tema, aseguró que «no es necesario un cierre tan prolongado» del servicio, cuya última formación correrá esta noche a las 22.45 y recién será restablecido el 8 de marzo.

El legislador porteño del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, presente en el acto consideró que «debe preservarse el patrimonio y asignarse un recorrido a estos vagones, en forma especial, o durante el fin de semana».

El martes, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que «estamos viendo de reforzar los servicios entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere, que es el tramo más crítico» de la línea A. Y reiteró la necesidad de suspender el servicio durante casi dos meses porque «es el tiempo que se necesita para realizar pruebas y ajustes» de adaptación para los nuevos vagones. El funcionario puntualizó que los 45 coches adquiridos en China por el Gobierno nacional y entregados a la ciudad «tienen aire acondicionado y tecnología de última generación».

La suspensión del servicio fue la primer medida anunciada por Mauricio Macri al hacerse cargo de los subtes en los primeros días del 2013. El 13 de noviembre de 2012 el Jefe de Gobierno porteño anunció que se haría cargo del control de los subtes, y supeditó la concreción del traspaso a la aprobación de una ley que declaraba a ese medio de transporte como «esencial», impidiendo cualquier suspensión del servicio, lo que incluía restricciones al derecho de huelga.
El 20 de diciembre el macrismo debió ceder ese punto en la discusión legislativa, y apenas cinco días después comenzó a circular el rumor de que se había decidido el cierre temporario de la Línea A. Finalmente,  aduciendo la necesidad de «comenzar a trabajar en lo más urgente», desde Bolívar 1 se anunció que para cambiar la flota de vagones, que realizan desde hace 99 años el recorrido, se suspendería el servicio por «aproximadamente 60 días».

La medida fue repudiada por vecinos, legisladores de la oposición y ONGs que intentan preservar el patrimonio histórico de la Ciudad. Se presentaron al menos tres recursos de amparo ante la justicia para frenar el cierre y preservar los históricos vagones, que según desafortunadas declaraciones del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sólo servían «para hacer un asado».  Ante las criticas, Macri y sus funcionarios escudaron su decisión en las recomendaciones técnicas de una auditoría realizada por el Metro de Barcelona y las brindadas por los constructores de los nuevos vagones, quienes piden que recorran 2.000 kilómetros sin pasajeros. También anunció se estudiará el precio del pasaje de los subtes y aunque adelantó que la tarifa técnica se ubica «cerca de los 6 pesos», evitó dar precisiones respecto de cuanto sería el costo que pasarían a pagar los usuarios.

La Línea A de subterráneos, la más antigua de América Latina, transporta a diario un promedio de 100.000 pasajeros por día, quienes hasta el próximo 8 marzo deberán utilizar otros medios de transporte para recorrer el trayecto que une la Plaza de Mayo con la estación Carabobo, en el barrio de Flores. Además el cierre afectará el transporte que circula en la superficie, que se verá seriamente recargado, generando un mayor tránsito vehicular en las zonas aledañas a la avenida Rivadavia y el aumento de usuarios en colectivos. Si bien en un principio el Gobierno de la Ciudad dijo que estudiaba la posibilidad de poner un servicio de micros que mitigue el efecto del cierre, la idea fue abandonada.

Otros  de los damnificados son los comerciantes que trabajan en los andenes de las estaciones, que a escasas horas del cierre se debatían entre la incertidumbre y las críticas hacia el gobierno porteño. La mayoría de empleados de comercios que trabajan en el trazado de la centenaria línea no habían recibido comunicación alguna por parte del gobierno de la Ciudad ni por parte de la empresa concesionaria del servicio.

Este punto despertó una nueva polémica, ya que mientras Rodríguez Larreta, se desligó del reclamo de los comerciantes diciendo que la concesionaria «les debería haber avisado», la empresa adujo que la explotación de los locales está subcontratada por la empresa Metronec que, al igual que Metrovías, es parte del Grupo Roggio. Respecto del cierre, fue uno de los comerciantes damnificados quien sintetizó lo que pasajeros y dirigentes piensan: «Uno quiere tener la esperanza de que esto mejore después del cierre, pero hasta que no lo reabran no se sabrá si valió la pena todo el trastorno».

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