La lucha por la vivienda digna

Un total de 37 familias que, con sus 70 niños, viven desde hace 25 años en una casona del barrio porteño de Boedo, se preparan para resistir el desalojo previsto para mañana y reclamaron junto a legisladores y referentes de distintas organizaciones sociales que se abra una mesa de negociación con el gobierno porteño, para arribar a un acuerdo que permita desactivar la medida y garantizar su derecho a una vivienda digna.
Su reclamo sumó esta tarde el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó hoy ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 46 para incorporarse en calidad de “Amicus Curiae” (amigo del Tribunal) a la causa.
“Estamos dispuestos a pagar un alquiler porque no queremos que nos regalen nada. Sabemos que esto no es nuestro, que tiene un dueño, pero queremos sentarnos a negociar para que no quedemos en la calle”, afirmó Luis Roldán, delegado de los ocupantes de la casona de Avenida Pavón 4127.
Roldán explicó que la casona en cuestión fue ocupada por más de 100 personas sin techo después de permanecer algún tiempo vacía tras el cierre de un colegio de la colectividad judía que funcionaba allí.
Y si bien hasta el 2001 no recibieron reclamos de los propietarios del lugar, ese año los nuevos dueños iniciaron una causa por desalojo que ya produjo distintas órdenes de desocupación que fueron oportunamente frenadas por recursos de amparos como el que presentó esta mañana la Defensoría General de la Nación.
Pero si estas gestiones no prosperan, seguirá adelante el operativo de desalojo que está previsto para las 8 de mañana.
“Acá nos quedaremos, vamos a resistir pacíficamente. Si nos podemos quedar acá, bienvenido sea, pero si no se puede, que nos digan a dónde podemos ir porque si a nosotros nos sacan un techo, queremos un techo, se tienen que hacer responsables”, dijo Roldán.
La orden fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°46 a cargo del juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria.
Roldán explicó que lo único que les han ofrecido hasta ahora desde el gobierno porteño es “un subsidio de 1.800 pesos”, pero “con esa plata nadie vive en ningún lado”.
“Nosotros pagamos todos los servicios, incluso hemos pagado deudas que habían dejado y si no pagamos un alquiler es porque nunca tuvimos a nadie que nos dijera ‘por cada pieza pagan tanto'”, aseguró Claudia Iriarte, que vive con su familia en la pieza 18.
La legisladora porteña del Frente para la Victoria Paula Penacca enfatizó desde el lugar que “detrás de la crisis habitacional hay personas, familias de carne y hueso que quedan expuestos” en situaciones como esta, “y que se resuelven con políticas públicas” acordes con el respeto al derecho a la vivienda digna consagrado por la constitución.
Su colega Pablo Ferreyra, de Seamos Libres, aseguró que “la intervención de la ciudad es fundamental en la mesa de diálogo y la responsabilidad política va a ser del PRO porque el titular del IVC, Iván Kerr, es uno de los candidatos en la lista del PRO que lleva a Michetti y a Larreta como jefe de Gobierno”.
Por su parte, José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro-FPV, aseguró que “en la ciudad hay 500.000 personas que tienen alguna problemática de vivienda”, un problema que reviste la calidad de “estructural y hace síntoma en situaciones como ésta, ante las cuales la solución que el gobierno de la ciudad expresa es el desalojo”.
“El Gobierno de la Ciudad debiera estar dotado del presupuesto que requiere la complejidad de la problemática habitacional para poder asistir con una respuesta de fondo en términos habitacionales a estas 37 familias, pero lamentablemente, como venimos denunciando, se fueron vaciando las partidas”, aseguró la legisladora del FPV Lorena Pokoik.
En este sentido, un informe de La Fábrica Porteña revelado ayer por el diario Página 12 mostró que el gobierno de Mauricio Macri dejó sin utilizar uno de cada cuatro pesos disponibles en 2014 para la problemática de vivienda.
Por la tarde, la causa sumó el respaldo del CELS, que pidió al juzgado poder asesorarlo al considerar que está comprometido el interés público y conlleva una trascendencia social que supera las particularidades del caso.
Si bien esta figura jurídica no inviste de calidad de parte a quien la presenta y no produce un efecto vinculante para el tribunal, el CELS se propone asistir al juzgado con una opinión fundada sobre alguna cuestión jurídica que pudiera escapar a su consideración.
En su presentación, detalló los numerosos informes y escritos sobre derecho a la vivienda que emitió en la ciudad de Buenos Aires y su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos.

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