Empresas Autogestionadas en Lucha

El sábado 14 de enero a las 20 hs., en el marco del Plan de Lucha en “Rechazo al Veto de Macri a la Ley 4008”, en la sede la cooperativa de trabajo Mac Body de calle de calle Andonaegui 2720, en el barrio de Villa Urquiza se proyectará el film “Industria Nacional”, con el auspicio del Instituto Nacional de Cine INCA.
La Ley 4008 prorrogaba por seis años la protección sobre las empresas recuperadas por sus trabajadores. Garantizando la continuidad de funcionamiento de un total de 29 empresas autogestionadas, que generan más de 2000 puestos de trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El 17 de noviembre del año pasado, la Legislatura porteña sancionó esta “Ley de Prorroga”, con la anuencia de los legisladores de la oposición. Los trabajadores de las empresas recuperadas festejaron la iniciativa y quedaron a la espera expropiación definitiva de las plantas donde funcionan sus emprendimientos productivos.
Para entones, Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, habría asegurado ante el organismo que nuclea a estos emprendimientos: la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA), que la expropiación de las plantas era un hecho inminente.
Sin embargo, un día antes de la nochebuena, el 23 de diciembre, aparecía publicado en publicado en la página 9 del Boletín Oficial, el decreto 672/11 mediante el cual Macri vetaba la ley 4008.
Vale aclarar que la ley vetada prorrogaba por seis años la vigencia de la Ley 2970 y de otras resoluciones que establecían que el jefe de Gobierno tenía la facultad de expropiar las fábricas recuperadas a favor de sus trabajadores, una vez cerradas las cuestiones legales relacionadas con la quiebra de las empresas.
Como ha pasado el plazo perentorio que se sugieren las normativas citadas, y al Ejecutivo le correspondería proceder a la expropiación de las plantas de funcionamiento de las fabricas recuperadas, el veto de Macri hace constar que “la reglamentación ejecutiva de las leyes” es “una prerrogativa propia del jefe de Gobierno” y por lo tanto “le corresponde a éste trazar los lineamientos y las políticas públicas pertinentes para la ejecución de las leyes”.
En ese marco, el pedido de conformar una “mesa participativa”, tal como lo sugiere la ley 4008, resulta “una iniciativa contraria al principio de división de poderes” establecido en el artículo primero de la Constitución de la Ciudad.
Lo paradójico de esto es que el artículo primero de la Constitución de la Ciudad establece que la Ciudad de Buenos Aires, (…) organiza sus intuiciones autónomas como “democracia participativa” y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa.
No se entiende mediante qué retorcido mecanismo el Ejecutivo porteño interpreta que, en la vetada Ley 4008, existe un velado intento de superposición de poderes.

 

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