Espacios públicos para negocios privados
El PRO avanza en la aprobación del proyecto que habilita la instalación de bares en plazas y parques por parte de privados. En la audiencia celebrada el 17 de octubre en la Legislatura porteña, luego de la exposición de vecinos, ONGs, comuneros, representantes de la CAME y delegados de los vendedores ambulantes, la reunión se salió de control y los diputados terminaron sesionando en el Salón Eva Perón a puertas cerradas.
Sobre lo sucedido, el legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps señaló “fue una reunión muy representativa. La mayoría se manifestó en contra. Este proyecto logró el milagro de hacer coincidir a la CAME y a los vendedores ambulantes; ambos se mostraron en contra por considerar que sería una competencia desleal”.
El proyecto del oficialismo propicia la concesión de espacios de hasta 20 m2 en distintos parques y plazas porteñas con el fin de dedicarlos a emprendimientos gastronómicos. De aprobarse la ley, la ciudad perdería unas 10 hectáreas más de verde. Mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 10 m2 de verde por habitante, la ciudad tiene 1,8 m2.
Cabe señalar que esta iniciativa, que ya fue presentada en otras oportunidades en la Legislatura y nunca prosperó. La misma, viola los artículos 27, 84 y 89 de la Constitución de la Ciudad; la Ordenanza 46.229 -que prohíbe hacer nuevas concesiones en espacios verdes públicos-; atenta también contra el espíritu de la Ley de Comunas, dado que la misma, otorga a estas instituciones la administración y el cuidado de los espacios verdes y vulnera el Código de Planeamiento Urbano, dado que se están modificando los usos de los espacios verdes.
Los defensores de esta iniciativa aseguran que lo que se persigue es «la promoción, fortalecimiento, desarrollo y conservación de determinados espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que requieren especial puesta en valor a través de mecanismos de colaboración conjunta entre el Estado y los particulares».
Al respecto, Adrián Camps señaló que: “Una de las principales críticas que hacemos desde la oposición es el carácter general del proyecto, es decir, que se aplicaría por igual en toda la Ciudad. Vale igual para un boulevard, una plazoleta, una plaza o un parque, para las comunas que tienen 2 plazas de una manzana -como la Comuna 3- o para zonas como el Parque Roca”.
«Uno cuestionamientos más fuertes recayó en los ejemplos de ciudades europeas y norteamericanas enunciados por el PRO para justificar la iniciativa: Buenos Aires tiene 1.8m2 de espacios verdes por habitante, es de las más bajas del mundo y además están mal distribuidos; no se la puede comparar con París que cuenta con 9m2/h, Nueva York que tiene más de 20m2/h o ciudades brasileras que superan los 40m2/h”, explicó Camps.
“Si se sanciona esta ley quedarán en el camino una gran cantidad de perjudicados. Los bares y confiterías cercanos a las plazas que van a sufrir la competencia desleal; los que tienen pequeños puestitos habilitados que no van a poder competir contra estos emprendimientos más grandes; los vendedores ambulantes que también van a ver afectada su fuente de subsistencia y la de su familia; y los ciudadanos en general que van a perder parte de los pocos espacios verdes de uso público, porque van a tener que pagar para poder estar en el mismo lugar donde antes estaban gratis”, sostuvo Adrián Camps.
Quienes se oponen a este proyecto argumentan que:
1) De aprobarse la ley, la ciudad perdería unas 10 has más de verde.
2) A lo largo del siglo XX, los espacios verdes públicos parquizados de la Ciudad de Buenos Aires han disminuído en un 85 %: de 7 m2/hab en 1904 a 2 m2 /hab en 1995.
3) La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda un mínimo de10 m2 de verde por habitante, en la ciudad al día de hoy tiene apenas 1,8 m2.
4) La Constitución habla de que es función del Estado salvaguardar e incrementar los espacios verdes, no disminuirlos para construirles encima como si fueran terrenos baldíos.
5) De erigirse estas construcciones se producirá un significativo impacto, que incluye contaminación visual y paisajística, sonora, del suelo, etc.; interferencias con la vegetación; cambios en la calidad ambiental, etc.
6) Se verifica una persistente actitud de la administración de la Ciudad de Buenos Aires de entregar sus escasos espacios verdes a la explotación comercial privada, eliminando así superficie verde y la calidad ambiental resultante.