Persecución en el Subte: criminalización como política de Estado
La ofensiva judicial contra los trabajadores y trabajadoras del subte volvió a activarse. Una nueva imputación contra trabajadores y trabajadoras del subte. Como si el tiempo no hubiera pasado desde aquel 2018 en el que fue recusada por irregularidades, la fiscal Celsa Ramírez volvió a imputar a integrantes de la AGTSyP por el delito de asociación ilícita, una figura penal que —según denuncian las y los metrodelegados— intenta criminalizar la protesta gremial. La acusación sostiene que las medidas de fuerza realizadas durante los últimos meses: paros escalonados, apertura de molinetes, (Leer más…)