Consenso para resarcir a los vecinos damnificados por el derrumbe

por Juan Manuel Castro
para la Red de Medios Barriales

 

En la sesión del jueves 21 de noviembe,  se aprobó el proyecto para resarcir a habitantes e inquilinos del edificio céntrico que se derrumbó.  A su vez, se aprobó una ley para crear dos nuevos ministerios porteños. Desde ahora, solo se venderán medicamentos en farmacias.

Con la presencia de varios vecinos afectados por el derrumbe de Bartolomé Mitre al 1200 en la puerta de la Legislatura, cerca de las 19 se logró el quórum para dar inicio a la sesión. Desde hacía tiempo que un encuentro parlamentario no revestía tanta importancia. La labor previa en las comisiones también conllevó una elaboración de proyectos a destiempo.

Lo cierto es que a pesar de la labor parlamentaria (el orden de temas establecidos para tratar durante la jornada), por pedido del diputado Martín Ocampo (PRO) se alteró el orden del día “debido a la presencia de los damnificados”. Acto seguido, vino la aprobación para dar directamente con la iniciativa consensuada.

Fue sobre este punto, el acuerdo, que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Álvaro González (PRO) tomó algunos minutos para reflexionar y resaltar “la actitud de los vecinos con ello y la voluntad de los bloques político para aportar algunas de las soluciones”. A su vez, enfatizo que se pudo trabajar “frente a la angustia” y triunfar con la solución de fondo. “Esperemos que los vecinos se vayan con el convencimiento de que tienen el instrumento legal para volver a tener algo propio”, añadió.

Salvo una intervención de Julio Raffo (Proyecto Sur) sobre los precios estimados en pesos “ante un mercado inmobiliario que maneja dólares”, el resto de las intervenciones de legisladores como Martín Hourest (GEN), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Juan Cabandié (FPV) y Cristian Ritondo (PRO) señalaron que “todo el arco político estuvo a la altura de la circunstancia para dar con el reclamo de los vecinos afectados”, en alusión al consenso alcanzado para atender este problema, en medio del drama de aquellos vecinos que lo perdieron todo con el derrumbe.

Más tarde, se procedió a votar, acción que arrojó, sobre 57 votos emitidos, un total de 57 votos positivos, sin negativos ni abstenciones.

De este modo,  la Legislatura declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Bartolomé Mitre 1232, “con destino a la realización de acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños”.

En tanto, “los propietarios de las unidades funcionales del inmueble recibirán la diferencia entre el monto que cada unidad funcional tenía al 3 de noviembre de 2011, la que quedó establecida en 1.750 dólares por metro cuadrado, y la suma en concepto de indemnización por la expropiación. A este dinero se sumarán 50.000 pesos para el caso de aquellos propietarios que ocupaban su unidad funcional al 3 de noviembre de 2011 más la suma de $20.000 para aquellos que no puedan recuperar sus bienes muebles de sus respectivas viviendas. Igual subsidio se les otorgará a los ocupantes legítimos que no sean propietarios, más el monto del último canon de mayor cuantía abonado por algún locatario del inmueble en cuestión al día 3 de noviembre de 2011 por seis”.

Otro de los artículos aprobados establece que “el Poder Ejecutivo se subrogará los derechos que surjan de las acciones por daños y perjuicios que correspondieren a los beneficiarios de esta ley contra el responsable de los hechos acaecidos, cuyos rubros indemnizatorios sean satisfechos mediante el pago de la indemnización expropiación y los subsidios mencionados”.

“Más allá del dolor, la Legislatura estuvo a la altura de la circunstancia”, resumió el vicepresidente primero del parlamento, Oscar Moscariello.

Luego, hubo un breve periodo de manifestaciones. Allí, Fabio Basteiro (Proyecto Sur) se pronunció en contra del asesinato del joven referente del Mocase Vía Campesina de Santiago del Estero, Cristian Ferreyra, quien murió “acribillado por sicarios de un empresario de la zona”. Llamó al parlamento a repudiar la acción.

A su vez, María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) recordó que a pocas cuadras del edificio de Bartolomé Mitre, en Libertad 70 hay también un inmueble con problemas estructurales debido a obras linderas. Pidió acciones concretas para los habitantes de dicho espacio.

El 17 de noviembre de 1973 se celebró la vuelta al país de Juan Domingo Perón, luego de su exilio en España,  con un multitudinario acto que se llevó a cabo en ezeiza. De este modo, se celebra el día del militante. Por este motivo, tomaron la palabra Ritondo para destacar el rol fundamental de los militantes dentro de la política. Otros diputados, como Delia Bisutti (Solidaridad e igualdad en Nuevo Encuentro) contaron que estuvo presente y reivindicó la “militancia de la juventud”.

A su vez, María José Lubertino (FPV) se refirió a la iniciativa “Por respeto a la diversidad de credos” a que en los edificios públicos “se retiren imágenes religiosas”.

Pesares y declaraciones

Más tarde, se procedió a legislar sobre declaraciones del cuerpo. Es así que el cuerpo manifestó su pesar por la muerte del joven automovilista de TC Guido Falaschi y la del Dr. Jaime Vaamonde Souto.

Con la noticia recién difundida, el vicepresidente primero del parlamento, Oscar Moscariello, expresó en nombre de la Legislatura, el pesar y solidaridad a los familiares de Tomás Damenso Santillán. A su vez, repudió el triste final del niño oriundo de Lincoln.

El repudio de Basteiro por la muerte del dirigente campesino también fue legislado.

En tanto, se declaró Personalidad Destacada de la Salud la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Dr. Alberto Cormillot. Fue una iniciativa de la diputada María José Lubertino (FPV), el cual contó con varias abstenciones.

De Interés Educativo fue declarado el programa televisivo “Argentinos al Volante”, que conduce el periodista deportivo Walter Queijeiro y que se emite los viernes a las 23 por la señal de cable América 24.

Más Ministerios a la ciudad

El segundo punto fuerte de la jornada consistió en la votación por la ley de Ministerios. En síntesis, esta iniciativa se envió desde el poder Ejecutivo, la cual es parte de la reorganización del gobierno porteño previo al comienzo del segundo periodo macrista en la ciudad, pautado para el 10 de diciembre de este año.

De este modo, se modificación de la Ley 2506 de Ministerios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pasando de nueve a once, se crearon dos nuevos ministerios: el de Modernización del Estado y de Gobierno, que estarán a cargo de Andrés Ibarra y Emilio Monzó.

Según los argumentos del proyecto, el Ministerio de Gobierno deberá “asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación: Coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los municipios; coordinar, definir y supervisar la implementación de políticas públicas interjurisdiccionales para la Región Metropolitana de Buenos Aires; intervenir en las relaciones con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

En tanto, el Ministerio de Modernización tiene entre sus atribuciones las de “diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las distintas áreas de gobierno, determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia”; también las funciones de “definir e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejercer como autoridad de aplicación del mismo”.

A esta novedad, se suma la secretaría de Atención Ciudadana, que comandará Eduardo Macchiavelli. Esa misma que estará a cargo de las UAC, enemigas, por así decir de las 15 comunas porteñas, y sus respectivas Juntas Comunales, las cuales surgieron del voto de los porteños en junio de este año.

Comunas y seguridad

Se legisló por la creación y regulación de los Foros de Seguridad Pública (FOSEP), los cuales funcionarán en el ámbito territorial de las Comunas porteñas, es decir, uno por cada unidad descentralizada. Su finalidad es “promover la efectiva participación comunitaria para la formulación de propuestas y seguimiento en materia de políticas públicas de seguridad”.

“El mismo es una reproducción con algunas modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, de la Ley 3267, sancionada por esta Legislatura el 26 de noviembre de 2009, la cual daba entidad a los Foros de Seguridad Pública (FOSEP), que fuera vetada parcialmente a través del Decreto N° 005/2010”, exponen los fundamentos de la iniciativa de Rocío Sánchez Andía (CC).

Cada FOSEP “estará integrado por organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería jurídica, domicilio y actuación en el ámbito territorial de la Comuna correspondiente, el o la representante de la Junta Comunal que tenga entre sus atribuciones la temática de la seguridad pública, un/a representante de cada una de las fuerzas de seguridad con actuación en la Comuna correspondiente y un/a representante del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace”, añade el texto.

“Formular propuestas para el Plan General de Seguridad Pública, colaborar en los asuntos vinculados a la seguridad pública comunal, evaluar la implementación de políticas públicas de seguridad en la Comuna, formular sugerencias y presentar propuestas en esta materia, informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión atinente a la seguridad pública en la Comuna, establecer una relación permanente con las dependencias policiales que actúen dentro de su jurisdicción, evaluar el funcionamiento de la actuación policial en el ámbito de la Comuna”, serán algunas de las funciones de estos nuevos foros.

Inspecciones a boliches

La ciudad adhirió al régimen de la Ley 26.370, la cual establece reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general que trabajan para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.

Esta iniciativa corresponde a los diputados Cristian Ritondo (PRO) y Juan Cabandié (FPV). En sus fundamentos se explica que “durante el mes de mayo de 2008 fue sancionada la Ley Nacional 26370 que reglamenta la actividad de quienes realizan tareas de control de admisión y permanencia de público en general en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos”.

“Considerando importante unificar los criterios de control y desenvolvimiento, en virtud de los constantes y publicitados actos de abuso y violencia que se originan por parte del personal que cumple con estas funciones en los diferentes espectáculos y eventos”.

“la reglamentación de esta actividad, trae aparejado el cumplimiento de requisitos formales (ser mayor de dieciocho años, tener cumplida la educación obligatoria, presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria y someterse a un estudio de aptitud psicológica que lo habilite para la función) y la capacitación previa, con la expedición de Título habilitante, en diferentes categorías”, añade el texto.

Emergencia en el barrio Ramón Carrillo

El cuerpo legislativo decidió prorrogar la Emergencia Ambiental y de Infraestructura del barrio Ramón Carrillo, a través de la Ley n° 1.333 y prorrogada por las Leyes nº 1.719, 2.194, 2.821, 3.277 y 3.723. La extensión del plazo aprobado es por trescientos sesenta (360) días a partir de la publicación de la ley por iniciativa de María América González (P. Sur).

Dentro de ese plazo el Poder Ejecutivo, “por intermedio del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) deberá cumplimentar las obras necesarias para la vigencia efectiva de lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1.333 debiendo remitir el 1° de marzo de 2012 a la Comisión de Vivienda de la Legislatura el cronograma de las obras previstas y un informe bimestral en donde se dé cuenta del avance físico y económico-financiero de las obras realizadas”, según las especificaciones de la norma.

Nuevo organismo cultural

Durante la sesión de esta semana también se creó el Sistema Único de Redes Culturales (SUREC) multimedia para “promocionar la oferta cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus distintas expresiones, producidas por fuera de las estructuras oficiales, así como a potenciar y favorecer el desarrollo de cualquiera de sus aspectos en forma amena y dinámica”, por impulso del diputado Bruno Screnci Silva (PRO).

Esta norma es explica que este sistema “consiste en un portal o sitio Web principal conectado en forma permanente a los distintos portales de contenido cultural cuya esfera de influencia los relacione, directa o indirectamente, con la profusa actividad de la Ciudad en el ámbito específico antes mencionado”.

De este modo, el SUREC dependerá del Ministerio de Cultura porteño, “o el organismo que en el futuro lo reemplace”. “Esa autoridad de aplicación será la encargada de proveer y administrar los recursos para el correcto funcionamiento del sistema informático”, sostiene el fundamento.

Medicamentos fuera de los kioscos

Por último, el tercer punto destacado de la jornada fue la determinación del cuerpo de adherir a la  ley nacional 26.567, que prohíbe el expendio de medicamentos fuera de las farmacias, como por ejemplo en kioscos.

Luego de un debate que ameritó la extensión horaria (prórroga del horario de legislación) y largas exposiciones de argumentos en contra y a favor, sobresalió la iniciativa del Encuentro Popular para la Victoria, Solidaridad e Igualdad, UCR, Proyecto Sur, Unión Federal, Coalición Cívica y Peronista. El resultado fue por 32 votos afirmativos, 21 negativos del PRO y 1 abstención (de Oscar Moscariello).

“Se genera un cambio conceptual en la política neoliberal de la década de los 90 que impuso la venta libre en todas partes”, analizó Rubén Campos (UCR) sobre esta norma que finaliza por la medida aplicada por Carlos Saúl Menem de habilitar la venta en puntos como kioscos o supermercados.

De todos modos, el PRO, a través de Elio Rebot, llamaron a establecer un régimen un régimen especial de comercialización: “La venta y despacho de especialidades medicinales denominadas de venta libre también estará permitida en kioscos y maxiquioscos (conforme capítulo 14 sección 4.2.14 del Código de Habilitaciones y demás legislación vigente) así como en otros establecimientos además de farmacias habilitadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos para comercializar productos alimentarios para consumo humano”.

La ley que fue aprobada por la Legislatura, entonces, adhiere (en caso de que el Ejecutivo no la vete) se posiciona en consonancia con la norma avalada en octubre de 2010 por el Congreso Nacional.

Fuera del reciento, farmacéuticos se manifestaron con bombos y platillos para mostrar su posición a favor de adherir a la ley Nacional N° 26.567. Es más, a los peatones les otorgaban un panfleto con seis puntos básicos para prohibir la venta fuera de farmacias: “Las farmacias son los únicos establecimientos que, por tener una habilitación especial de las autoridades competentes pueden garantizar las condiciones básicas de almacenamiento que debes respetarse en materia de medicamentos”.

“Es un avance importante a favor de la salud y contra la automedicación. Favorece la desaparición de medicamentos falsos vendidos fuera de la farmacia. Evitará que por la falta de normativa se cierren en la ciudad de buenos aires farmacias tradicionales como ha vendió ocurriendo en los últimos años”, concluía el texto distribuido sobre la peatonal.

Declaraciones

La Legislatura declaró de Interés Cultural y Comunitario al Periodico VAS “Por la labor y el compromiso llevado a cabo como medio cultural de carácter comunitario en los barrios de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires”, proyecto de la diputatada Silvina Pedreira (PJ).

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