H.I.J.O.S. presentó un amparo contra Macri

La agrupación H.I.J.O.S. presentó un amparo para que el Gobierno porteño reglamente la Ley 2.939, de “Asistencia y Contención de los Querellantes y Víctimas del terrorismo de Estado”, sancionada en 2008.

El gobierno de Mauricio Macri omitió reglamentar la ley, actitud que H.I.J.O.S. considera un “veto encubierto”, lo que  motivó la presentación del recurso de amparo con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), informó la agrupación.

La Ley 2.939, un proyecto del diputado Raúl Fernández, fue votada con unanimidad por todos los bloques de la Legislatura el 27 de noviembre de 2008 y debía ser reglamentada “dentro de los sesenta (60) días”, según lo estable la Constitución porteña.

Este plazo expiró en marzo de 2009 pero aún continúa sin reglamentarse ni implementarse, en lo que equivale a un “veto encubierto”, denunció la agrupación de hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura.

La actitud del gobierno de Macri “demuestra que una ley promulgada puede ser vetada de facto, fuera del plazo”, subrayó.

La norma establece que el Estado de la Ciudad debe garantizar a las víctimas, testigos y querellantes el acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio, la asistencia psicológica y la derivación a los diversos centros de salud que cuenten con atención especializada.

“El veto encubierto de una ley de este tipo demuestra que Mauricio Macri no tiene interés o no está a la altura del proceso histórico de Justicia por los crímenes de lesa humanidad”, afirmaron los H.I.J.O.S.

También señalaron las situaciones de vulnerabilidad de sobrevivientes y testigos que “reviven el horror” al testimoniar en causas contra los represores.

El escrito presentado ante los Tribunales Contenciosos Administrativos sostiene que la omisión de reglamentar la Ley  2.939 por parte del Gobierno porteño “causa un daño real, cierto, efectivo y actual a los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales”.

“Es evidente que la protección de los derechos humanos no puede recaer en la voluntariedad de ONG´s comprometidas. Es el Estado el obligado a garantizar la vigencia irrestricta de los derechos humanos”, subraya.

Con el amparo presentado, H.I.J.O.S. y el ODH requirieron el auxilio de la Justicia para subsanar “la desidia con que actúa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pone en serio riesgo la salud de los testigos y querellantes en juicios por crímenes cometidos por la dictadura”.

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