Intiman a Moscarielo por Ley Electoral

Vecinos intiman a la Legislatura porteña para que cumpla con la sanción de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de la ciudad de Buenos Aires.

Carlos Muniagurria y Pablo Flores Brañes, en su carácter de ciudadanos y vecinos de la Ciudad Buenos Aires, remitieron el pasado 24 de agosto una carta documento al presidente de la legislatura Oscar Moscarielo, en la cual lo intiman para que en el plazo perentorio de (15) días corridos convoque a las Comisiones Permanentes de Asesoramiento de la Legislatura: de Asuntos Constitucionales, de Descentralización y Participación Ciudadana, y de Control y Seguimiento a avocarse de modo preferencial  al inmediato tratamiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y a la legislación electoral de la Ciudad.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos de la ciudad de Buenos Aires debió haberse elaborado cuatro años después de sancionada la Constitución porteña, a los fines de facilitar la participación social y comunitaria en el proceso de descentralización. Han trascurrido desde entonces más de 14 años y nada de esto sucedió, explica Carlos Muniagurria y agrega: “El propósito que perseguimos con esta intimación es resguardar los intereses ciudadanos en la elección y constitución de las Juntas Comunales, en el marco de la democracia participativa, frente al incumplimiento de los mandatos constitucionales ordenados por la Disposición Transitoria Decimoséptima de la Constitución de la Ciudad, porque estas regulaciones  han sido demoradas injustificadamente hasta el día de hoy.”

Por su parte, Pablo Flores Brañes,  indica que “la sanción de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de la ciudad, es un derecho que tienen los ciudadanos porteños que, según el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad, bajo ningún punto de vista puede ser negado o limitado por la omisión o insuficiencia de su reglamentación”. El artículo 10, al que alude Flores Brañes, establece que en la Constitución porteña rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen en el futuro.

Y mucho más aun, explican ambos vecinos, “en caso de no adoptarse las acciones legislativas en el sentido de la presente intimación, nos reservamos el derecho de formular las denuncias y acciones defensivas correspondientes ante la Defensoría del Pueblo, ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ante el Tribunal Superior de Justicia y, eventualmente, ante la Justicia Federal y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo esto, sin perjuicio de acudir a otras instancias de resolución judicial y extrajudicial.”

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