Ordenan proteger la casa del Obispo Podestá
El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Sheibler, ordenó al gobierno porteño proteger un vivienda construida en 1864 y que ostenta el récord de ser las más antigua del barrio de Caballito, ante el riesgo de derrumbe por la inminente construcción de un edificio de diez pisos en un lote lindero.
Se trata de la casa ubicada en la avenida Gaona 1367, frente a la estatua del Cid Campeador, y que en el 2004 fuera declarada sitio “de interés cultural” por la Legislatura porteña dado que allí vivió hasta su muerte el ex obispo católico de Avellaneda, monseñor Jerónimo Podestá.
El juez ordenó además a la administración que encabeza Mauricio Macri que en un plazo perentorio de diez días les envíe los informes de habilitación de la obra, que en la actualidad está en la fase de demolición previa a la construcción de la torre.
La decisión del juez es preliminar a una medida de amparo como la solicitada por la ONG SOS Caballito, que ha denunciado la demolición sistemática de casas bajas en el tradicional barrio porteño para erigir torres, modificando la fisonomía y habitabilidad del lugar.
La casa que deberá ser protegida está ubicada en un centro de manzana y es habitada en la actualidad por Clelia Luro, viuda del Podestá, que a mediados de los años sesenta del siglo pasado dejó la Iglesia Católica para casarse con su colaboradora en el obispado avellanense.
La denuncia se produjo a raíz del inicio de la labores de demolición de la finca de Gaona 1343, que según arquitectos de la ONG podría provocar un derrumbe en la casa de Podestá-Luro, como ya ocurrió con decenas de casas en la ciudad a raíz de la falta de recaudos adoptados por las constructoras.
La denuncia destacó que la demolición es también contraria a la ley dado que se trata de una edificación previa a 1941 y por ende bajo protección de una norma sancionada por la Legislatura porteña para evitar que casa que integran el patrimonio histórico urbano sean destruidas.
En su resolución, el magistrado ordenó al ejecutivo porteño que «para que no se torne ilusorio el derecho que se pretende proteger, tome los recaudos necesarios para impedir cualquier acción que implique alguna alteración en el inmueble».