UAC: legisladores y comuneros en plan de lucha

El bloque del Frente para la Victoria exigió hoy la derogación del decreto del Ejecutivo porteño que crea las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) al entender que es un intento del oficialismo de vaciar de contenido a las Comunas. También, adelantó que se iniciará “un plan de acción” que incluirá  movilizaciones en pos de que “el macrismo cumpla con la  Constitución”.

El pronunciamiento fue hecho en el marco de una conferencia de prensa celebrada este mediodía en la Legislatura porteña, convocada por los legisladores Juan Cabandié, Gabriela Alegre, Francisco “Tito” Nenna, María José Lubertino, Gonzalo Ruanova, Gabriela Cerruti, Delia Bissuti y Aníbal Ibarra,  y por los 32 comuneros electos por el Frente para la Victoria en la Ciudad. En la oportunidad, se hizo presente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que fuera candidato a vicejefe de Gobierno por esa fuerza política.

Legisladores y comuneros electos reclamaron en conjunto la derogación del decreto de creación de las UAC, al considerar que el mismo “viola el espíritu de la Ley Orgánica de Comunas, constituyéndose en una junta comunal paralela manejada por el macrismo”.

El diputado Juan Cabandié explicó que la creación de las UAC, es una medida “inconstitucional, desde todo punto de visa, porque le quitan competencias a las Comunas y perjudica a toda la ciudadanía, incluso a los comuneros PRO”.

“Mauricio Macri, es contrario al espíritu participativo que propugna la Constitución de la Ciudad –adelantó la legisladora María José Lubertino- porque no cree en la  participación, ni en el control  por parte de los  vecinos en los temas que atañen a su gestión de gobierno, por eso ha puesto en marcha un plan sistemático de  vaciamiento de un órgano constitucional votado de manera directa por los ciudadanos porteños”.

Por su parte, la diputada Gabriela Alegre, cuestionó que en la elaboración del presupuesto presentado por el Ejecutivo porteño, para el año próximo, se eludió incluir una jurisdicción para las Comunas y, en su lugar se las puso bajo la órbita de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. “Esto es una muestra más del intento de vaciamiento que intenta llevar a cabo el macrismo”, expresó la legisladora. En tanto aseguró que “insistirán para que el bloque de PRO le otorgue jurisdicción a las comunas tal como lo establece la Constitución e la Ciudad y la ley 1777”.

Esta acusación, en particular, se llevó a cabo luego de que el viernes pasado,  subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, se presentara en la Legislatura del para justificar los gastos de la Jefatura de Gabinetes de Ministros para el 2012 y donde informó que el presupuesto asignado a las 15 comunas equivale a tan solo el 0,002%, del presupuesto toral de la Ciudad. Según el funcionario esto se debe a que en “el proceso de descentralización hacia las Comunas se requiere ir despacio”.

Vale aclarar que, según la ley Nº1777,  las comunas pueden contar un presupuesto de hasta el 5% del presupuesto total de la Ciudad. “Tampoco se contempló en la elaboración del proyecto de presupuesto, la asignación de alguna partida para el funcionamiento de los Consejos Comunales, que garantice la participación de los vecinos: alquileres de espacios o material de propaganda y difusión”, denunciaron los comuneros electos.

El próximo 10 de diciembre, cuando asuman la primeras Juntas Comunales, cuyas autoridades fueron elegidas el pasado 10 de julio,  se encontrarán con un paupérrimo presupuesto para poder hacer frente a los requerimientos de sus jurisdicciones y como si eso fuera poco, sus funciones se superpondrán a las de las Unidades de Atención Ciudadana, creadas por decreto y que estarán en línea directa con el Ejecutivo porteño.

Ante esta perspectiva, el Frente para la Victoria adelantó que realizará un “plan de acción que incluirá movilizaciones y campañas de concientización territoriales” frente a las sedes actuales de los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), a la vez que adelantó que se “reserva el derecho de accionar judicialmente para obligar al Ejecutivo a cumplir con la constitución y las leyes”.

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