Barrio Privado: IRSA justifica proyecto ante legisladores porteños

Diputados porteños cuestionaron el proyecto del poder ejecutivo de la Ciudad que pretende la construcción de un barrio de lujo sobre la costa del Río de la Plata, en la ex Ciudad Deportiva de La Boca, que fue defendido hoy por la empresa propietaria y desarrolladora inmobiliaria, en la Legislatura.

El encuentro se realizó el martes al mediodía en el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron presentes, además, asesores de los diputados, representantes de ONGs defensoras de la Reserva Ecológica y vecinos de la Villa Rodrigo Bueno.

La reunión comenzó con la presentación del proyecto a cargode IRSA, dueña de la isla de 70 hectáreas, donde la empresa planeaconstruir más de 700.000 metros cuadrados en departamentos ylocales, además de canales, calles y parques, con una inversión estimada en 900 mil millones de dólares.

El Presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, acompañado por miembros de la empresa y del grupo proyectista, asistió a la reunión para informar acerca del emprendimiento inmobiliario que pretende construir sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.  Los representantes de la empresa señalaron que habían modificado el proyecto, evitando utilizar el canal de la Reserva Ecológica e inundar el humedal lindero para construir vías de acceso al puerto que forma parte del predio.

Antes de finalizar la exposición, diputados de la oposición pidieron explicación a los representantes de IRSA sobre algunos puntos del proyecto que hacen al respeto por el humedal, el camino de sirga y la altura y capacidad de construcción en la  zonificación del lugar.

En este sentido, el diputado del bloque Proyecto Sur, Adrián Camps, advirtió que “el humedal está protegido por tratados internacionales desde 2005”. En consecuencia, de acuerdo con lo informado por la empresa, debería modificarse el proyecto de ley y eliminarse la cláusula 6.2., que cede a IRSA derechos sobre el canal de la Reserva y habilita obras de dragado y control de nivel de agua. Sin embargo, dicha cláusula está incluida en el despacho de mayoría firmado por los diputados del PRO la semana pasada.

Camps, observó también que el proyecto incumple con la ley 23.738 y la ordenanza 45.665 que habilitan la construcción de apenas 482.699 metros cuadrados “poco más de la mitad de lo que planea el  proyecto”. Además,  el legislador indicó se quiebra el equilibrio  urbano que defiende el artículo 18 de la constitución que obliga “a  mantener una compensación de las desigualdades existentes en  materia urbanística” y añadió al respecto “el asentamiento Rodrigo Bueno que linda con el predio tiene  aún unos 4.000 habitantes sin agua corriente”.

Por su parte la diputada por el Frente para la Victoria, María José Lubertino, expresó que “hay que garantizar el equilibrio entre el desarrollo urbanístico y el desarrollo económico en armonía con la sustentabilidad y el desarrollo social de las personas que viven en  esa zona”. Por lo que adelantó que pedirá un estudio de impacto ambiental actualizado, el respeto por el humedal, que se defina precisamente qué parte del predio será espacio público y el  cumplimiento de la normativa para construir en la zona.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, pidió precisiones respecto al camino de sirga, que debe quedar liberado en la costa de los cursos de agua de todo el país, “para todos los habitantes de la ciudad”. Por lo que solicitó, a los representantes de IRSA, por “si o por no” una respuesta precisa sobre si el proyecto contempla la realización de rellenos, entre otros planteos.

Los directivos de IRSA insistieron en que el proyecto “contempla la cesión gratuita a la Ciudad de Buenos Aires de 273.255,63 m2, lo que representa el 40.37% de la superficie total del predio”. Además, aseguraron que “implica mayor recaudación y más puestos de trabajo para la ciudad no sólo durante el período en que se construya sino en la vida futura del lugar”.

IRSA es propietaria del predio desde 1997, después de un  período en que estuvieron bajo dominio del estado. El proyecto para la construcción de Solares de Santa María fue cuestionado también por representantes de organizaciones ambientalistas, ecologistas y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que asistieron a la reunión.

Por su parte, los diputados Rocío Sánchez Andía, Marcelo Parrilli y Adrián Camps presentaron un despacho rechazando el convenio Macri – IRSA.

Fuente: Télam

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